Si bien coinciden en que el Proyecto de Ley que Reforma la Ley general de Pesca y Acuicultura –que actualmente se encuentra en trámite legislativo- es una iniciativa bien encaminada, que recoge conceptos modernos sobre esa temática, los integrantes del Grupo Multidisciplinario de Investigación en Sustentabilidad de Pesquerías y Acuicultura UdeC, que funciona al alero de la Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo, aseguran que se trata de un proyecto perfectible, para lo cual han elaborado un documento con sugerencias de modificaciones que ya está en manos del Ministro de Economía, el Subsecretario de Pesca y de los parlamentarios de las comisiones respectivas.
Como explica Sergio Neira, uno de los integrantes del grupo, “existen ciertos puntos de la reforma donde no coincide la letra de la ley con  su espíritu. Por ejemplo, en lo que dice relación con los Puntos de Referencia”.
En ese tema, la Subsecretaría de Pesca propone continuar usando el concepto de Rendimiento Máximo Sostenible (MRS) el que, según el investigador del departamento de Oceanografía, es un modelo que en el mundo ha demostrado su ineficacia y que da como resultado varias pesquerías sobre explotadas.
En el mismo sentido, el investigador del mismo departamento, Ciro Oyarzún, señala que “aquí hubo una suerte de esquizofrenia inicial. Por un lado se habla de preservación, de explotación sustentable, y al mismo tiempo se habla de alcanzar el Máximo Rendimiento Sostenible, lo que es contradictorio.  Es un punto de referencia que no debiera tratar de alcanzarse porque pone en riesgo el recurso. El MRS es un valor que puede variar anualmente, por lo que utilizar  un valor que está lejos de ser constante como base para realizar un cálculo que dé derechos de pesca por los próximos 10 ó 20 años, es técnicamente un error”. Es en ese contexto donde Neira manifiesta la necesidad -planteada en el documento- de tener un enfoque precautorio que impida llevar a los límites de explotación a una población de peces. Y lo ratifica Oyarzún: “pedimos que la decisión respecto de las cuotas de pesca provenga del análisis científico de la información. En ese sentido, sugerimos que las resoluciones de los comités científicos tengan un carácter vinculante, porque hasta este momento ellos sólo elaboran sugerencias que la Subsecretaría de Pesca toma en cuenta hasta donde considere pertinente, pero es finalmente el Consejo Nacional de Pesca -donde están representados los intereses de quienes operan sobre las pesquerías- el que toma las decisiones de aceptar o no esas sugerencias”.
A juicio de los expertos ese es uno de los puntos débiles de la actual Ley y que ha llevado la explotación pesquera a los niveles en que se encuentra hoy. “Lo que nosotros sugerimos es que las resoluciones de los Comités Científicos tengan carácter vinculante, que de allí salgan las respuestas  de las cuotas de pesca. Es decir, si el Comité Científico fija un rango máximo que no se debe sobrepasar, éste debe ser respetado”, dice Oyarzún.
Otro aspecto que se sugiere en la propuesta universitaria es el que dice relación con una rendición de cuentas; es decir que, una vez al año,  la autoridad pesquera nacional rinda cuentas al Parlamento sobre el estado de cada una de las pesquerías. También se propone que se hagan efectivos los Planes de Manejo y sus medidas de control, así como la obligatoriedad de los planes de recuperación que hoy no existen. “Cuando una pesquería es llevada a niveles de sobrepesca, dejar de capturar el recurso es solo una de las medidas que se debe llevar a cabo. Si no se cuidan las áreas, el ecosistema, no se va a recuperar la especie”, sostiene Oyarzún.
Con la mirada de economista, Miguel Angel Quiroga, otro de los participantes de este panel de expertos, asegura que, a diferencia de otros países con participación importante del sector pesquero, los recursos que se destinan a la administración pesquera en Chile son mucho menores, en términos de proporción con lo recaudado por este sector. “En general cuando se mira otros países, esta distribución es más equilibrada. En Chile, la mayor cantidad de recursos se destinan a administración y muy poco a fiscalización y generación de conocimiento”.