Después de 6 meses de trabajo, con reuniones semanales de análisis y discusión al alero de la Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo, esta semana el Grupo Multidisciplinario de Investigación en Sustentabilidad de Pesquerías y Acuicultura de la UdeC entregó al rector Sergio Lavanchy su propuesta de modificaciones al proyecto que reforma la Ley de Pesca y Acuicultura.

La entrega del documento se produce a pocos días de que la Cámara de Diputados aprobara por 10 votos -contra 3- la idea de legislar en torno al proyecto enviado por el ejecutivo, conocido como Ley de Pesca Larga.

Justamente, son los legisladores uno de los públicos al que el Grupo –constituido por 12 expertos del área biológica, pesquera y económica- ha querido llegar con sus propuestas que se han centrado en 4 áreas específicas: conservación de recursos pesqueros, investigación pesquera, institucionalidad de la administración pesquera y costos de administración pesquera y financiamiento.

“Después de ponernos al día sobre proposiciones del gobierno, examinamos estos  temas sobre los que, de acuerdo a nuestros conocimientos,  tenemos opinión formada”, señala el coordinador del Grupo, el académico del departamento de Zoología, doctor Eduardo Tarifeño, al adelantar algunas materias relativas al documento, en cuya elaboración final contaron con asesoría de especialistas del área legal.

Aspecto central de la propuesta es lo concerniente a la conservación. “Lo que estamos diciendo es que (en este tema) el objetivo de la ley debe efectivamente propender a la conservación de los recursos,  porque en la propuesta (del gobierno) se dice que se va a analizar,  pero ahí encontramos que hay una cierta descoordinación entre el propósito y la acción para lograrlo”, dice el investigador.

“Este, hemos insistido, es un objetivo obvio, porque si no hay recursos no hay pesca”, afirma.

A juicio de los especialistas, la propuesta de la Subsecretaría de Pesca de continuar usando el concepto de Rendimiento Máximo Sostenido (RMS) no es adecuada para este fin. “Nosotros creemos que, para el objetivo que se pretende, este concepto  no es válido porque es un modelo que, si bien es cierto hace unos años se impulsó como una manera de hacer un buen manejo de las pesquerías, después se demostró que no era suficiente”.

El académico explica que el RMS es una forma de controlar la extracción, de manera de no afectar la capacidad de reposición de los recursos, pero en la práctica “permite sacar el máximo del recursos y eso tiene un trasfondo de tipo de económico, que es ganar el máximo. Aplicando ese modelo el sistema no va a funcionar… es por eso que en este momento tenemos varias pesquerías sobre explotadas”.

Los investigadores consideran que debe utilizarse un criterio diferente que permita estimar cuotas o volúmenes de extracción que no afecten la capacidad de recuperación de las pesquerías, lo que significa imponer límites mucho más conservadores que los que permite el RMS.

El análisis de los expertos en torno a la investigación concluye que los fondos destinados a estudios pesqueros no alcanzan  para cubrir las demandas actuales. “Muchos proyectos que son necesarios para el adecuado manejo de las pesquerías no se han hecho porque los recursos  son insuficientes”.

Por eso, dice, se deberá exigir lo que la Ley establece en términos de la asignación de recursos –que provienen de las patentes pesqueras- para la investigación.

Por otro lado, agrega Tarifeño, hay que velar por una investigación de excelencia, de acuerdo a estándares internacionales, y pertinente “en el sentido de que responda al requerimiento de la pregunta que se está planteando, de modo de entregar información adecuada sobre los recursos”.

IFOP 2.0

Vinculado a la investigación está la discusión del rol del Instituto de Fomento Pesquero (IFOP) que, como señala el doctor Tarifeño, cuenta con un buen sistema de evaluación de proyectos –abierto y transparente, dice- que debiera seguir “pero con mayor financiamiento”.

Sin embargo, los académicos creen que es necesario introducir cambios en su orientación. “IFOP es una  institución de derecho publico que tenía una finalidad diferente;  fue creado a fines de los 60 con la idea de fomentar la pesca terminamos el fomento, pero la pesca ya está suficientemente desarrollada. Nosotros proponemos crear un Instituto Nacional de Pesquerías y de Acuicultura que asuma la responsabilidad de hacer investigación, pero fundamentalmente aquella llamada de rutina, la que hace las evaluaciones de los recursos”.

Esa, dice, sería la tarea fundamental de IFOP y, en ese caso, puntualiza, el gobierno debe asegurar el financiamiento para los estudios de seguimiento. “La idea es que este nuevo instituto tenga la máxima autonomía presupuestaria y de funcionamiento; es decir un IFOP 2.0”.

Un punto relevante del documento dice relación con las atribuciones para fijar las cuotas. “A todo el mundo le interesa saber cuánto se va a pescar. Según la ley actual quien fija cuota es el Consejo Nacional de Pesca, que lo hace de acuerdo a una propuesta de Subpesca que, a su vez, lo hace en función de los antecedentes que entrega el IFOP. No es que IFOP fije las cuotas, sino que entrega un estudio de rangos, que luego es analizado por la Subsecretaría de acuerdo a aspectos políticos, económicos y sociales, y propone una cuota al Consejo que la aprueba o la rechaza”.

Este sistema, señala Tarifeño, ha sido foco de muchas críticas, a tal punto que la Subsecretaría “decidió quitar esta atribución al Consejo, porque está sujeto a muchas presiones, y propuso crear un panel de expertos”, opinión que no comparten los académicos, que se inclinan por fortalecer a los consejos científico técnicos.

El doctor Tarifeño explica que estos consejos –que existen en la Ley, pero no han sido implementados- deben ser constituidos por investigadores y no por representantes  sectoriales, que es lo que ocurre en el Consejo Nacional de Pesca. “Es ahí donde debiera residir la decisión (de las cuotas) y debiera ser vinculante para la autoridad”, dice.

Contribución al país
Al recibir el documento,  el rector Sergio Lavanchy destacó el trabajo de los académicos  señalando que se trata de un aporte a un tema de relevancia para el país. La autoridad universitaria señaló, asimismo, que el documento se hará llegar, en primer término al ministro de Economía, Pablo Longueria; el  subsecretario de Pesca, Pablo Galilea, y los presidentes de las comisiones de Pesca del Senado y la Cámara de Diputados.

Por otro lado, el Rector informó que la labor de este grupo interdisciplinario tendrá continuidad y reconocimiento oficial a través de un programa universitario dedicado en forma permanente al análisis de temas relativos a la pesca.

Por su parte, el vicerrector de Investigación y Desarrollo, Bernabé Rivas, resaltó que este trabajo “aborda un tema muy sensible que impacta fuertemente a distintos actores de la sociedad, desde una visión de una institución de educación superior con alta tradición como la nuestra, y donde no hay intereses de por medio que no sean los de sus académicos que con su experiencia buscan contribuir a la sociedad”.