Un académico de la Universidad de Concepción, el Dr. Danny Monsálvez, del Departamento de Ciencias Históricas y Sociales, participó recientemente como perito ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con sede en Costa Rica, en una causa sostenida por ex funcionarios de la FACH, vinculados al fallecido general Alberto Bachelet, quienes acusaron una denegación de justicia en perjuicio de ellos por parte de los tribunales chilenos, luego de haber sido torturados durante la dictadura.
En dicho sentido, el trabajo del profesor Monsálvez consistió en elaborar un informe relativo al contexto histórico en el que funcionaron los tribunales militares y los consejos de guerra durante los primeros años de la dictadura, y que fueron instaurados por el Decreto Ley número 5 de la Junta Militar del 22 de septiembre de 1973, el cual señaló que el "estado de sitio" se entendía como "estado o tiempo de guerra".
Para estos efectos, el Dr. Monsálvez fue contactado por el abogado Branislav Marelic, presidente de la Corporación Fundamental -una ONG para la justicia y los Derechos Humanos-, que además trabaja en el Estudio Jurídico Rivadeneira, Colombara, Zegers, que representa al grupo de militares acusados de sedición y traición a la patria, entre otros delitos, en 1973.
A estos militares, explicó el académico, se le sometió a un Consejo de Guerra, bajo el rótulo de traición a la patria, tras lo cual fueron condenados y sentenciados. “El punto es que ellos, desde el retorno a la democracia, comenzaron a denunciar que el proceso fue injusto, debido a las condiciones en las que se dieron. Finalmente, en 2001 presentaron un recurso ante la Corte Suprema para anularlo, pero la Corte no les dio a favor y recurrieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que derivó el caso a la corte”, indicó.
Cabe mencionar que en su tesis doctoral, el académico UdeC abordó el caso de los dirigentes fusilados en Lota –en 1973-, que fueron sometidos a un consejo de guerra, acusados de poseer armas y organizar una supuesta guerrilla en la zona. A este respecto, explica que explica estos consejos tenían ciertas particularidades: “Hoy utilizaríamos el concepto de express, donde los abogados tuvieron acceso a las defensas y a los procesos de manera muy rápida, y las confesiones de las personas que fueron sometidos a consejos de guerra fueron obtenidas bajo apremios –torturas-, ese fue el contexto”.
El caso fue defendido la semana pasada en la Corte Interamericana de Derechos Humanos y si bien el académico no debió comparecer para declarar como especialista, su trabajo quedará en el juicio y espera sentar jurisprudencia para posibles futuros casos. “Esta es la primera vez que participo de un caso como este, pero desde el punto de vista de lo que pasa en Chile me pareció muy interesante poder colaborar con temas que tienen que ver con Derechos Humanos”, señaló.