Ximena Gauché Marchetti
Abogada, Doctora en Derecho
Profesora Asociada, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales
Directora del Programa Interdisciplinario sobre
Protección Integral de la Infancia y la Adolescencia
Universidad de Concepción
En 1977 la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó el 8 de marzo como el “Día internacional por los derechos de la mujer y la paz internacional”. En 2015 esta conmemoración se enmarca en un contexto internacional particular: se cumplen 20 años desde la histórica Conferencia de Beijing sobre la Mujer, que marcó un antes y un después, al introducir la perspectiva de género al análisis de las demandas de las mujeres y, por otro lado, se cumple el plazo formal fijado para revisar el cumplimiento de los llamados “Objetivos de Desarrollo del Milenio”, centrados en buena medida en lograr la plena igualdad entre hombres y mujeres en el mundo y que empezará a transitar hacia los “Objetivos de Desarrollo Sostenible”, como nuevas metas mundiales.
Por ello, entonces, las Naciones Unidas ha decidido en este año utilizar el lema “Empoderando a las mujeres. Empoderando a la humanidad. Imagínalo!” con el que se busca recrear un mundo en que cada mujer y cada niña pueda elegir sus decisiones, sea en el ámbito de la política o la educación, y tener sus propias vivencias en sociedades libres de discriminación y de violencia.
Para un país que tiene por segunda vez en su historia una Presidenta de la República, y que recientemente ha sido sede de un encuentro internacional destinado a promover justamente más derechos y oportunidades para las mujeres de Chile y el continente, la fecha y el lema no pueden pasar desapercibidos.
Las mujeres somos –cifras más o cifras menos, según el Censo que se quiera analizar– la mitad de la población de este país y, pese a ello, aún nos faltan muchos espacios en que ser protagonistas y gozar de ese empoderamiento que promueve la ONU.
En efecto, al mirar la realidad es posible comprobar que pese a las normas, los discursos y las políticas públicas, las mujeres seguimos sufriendo diversas manifestaciones de desigualdad, en función primero de la pertenencia a este sexo, luego por algunas de nuestras particulares características de identidad, sea la etnia, la orientación sexual, la posición económica, la religión u otra. Además, se nos discrimina por la forma de construcción de las normas e instituciones sociales, políticas y jurídicas que se ha hecho sobre la idea de abstracción respecto del sujeto que va a ser su destinatario, y muchas veces también desde estereotipos y pretendidos roles o facultades asignados a las mujeres.
En el mundo de la familia, de la educación, del trabajo o de la política, el empoderamiento de las mujeres está lejos de llegar en plenitud. En este último ámbito -el de la política- parece que hemos logrado avances más visibles, pero, en verdad, falta mucho por hacer.
Si bien este es un espacio que se ve más favorable en las últimas décadas -prueba de ello es que al 2015 varios países tienen una mujer como Jefa de Estado o de Gobierno, como Chile, Argentina y Alemania, o que hay mayor presencia de mujeres en instituciones políticas importantes tanto en nuestro país como en el extranjero-, en el caso concreto de Chile y, sin perjuicio de lo que puede aparecer a simple vista, según la Décima Encuesta Nacional “Percepciones de las Mujeres sobre su situación y condiciones de vida en Chile 2014”, elaborada por la Corporación Humanas y presentada a la ciudadanía en diciembre 2014, un 83,8% de las mujeres encuestadas manifestó sentirse discriminada. De ese porcentaje, 71,9% consideró el ámbito político como uno en que se produce esta exclusión y el 53% estimó que Chile es un país machista. Específicamente en el ámbito de la participación política, la misma encuesta muestra que el 50,5 % cree que la política es sólo para hombres y el 83,2% cree que en Chile debería existir una ley que obligue a que exista igual número de hombres y mujeres en cargos públicos.
Si por otra parte consideramos que en los actuales cargos públicos de elección popular hay menos mujeres que hombres, parece que el avance no es tanto. En efecto, hay seis senadoras de un universo de 38 integrantes de la Cámara Alta del Congreso Nacional, 18 diputadas en una Cámara de Diputados que cuenta con 120 integrantes y hay poco más de 50 alcaldesas en un país con más de 300 Municipios. Un panorama similar se repite en los cargos de designación. Desde el retorno a la democracia no ha habido más de un 28% de intendentas.
Si bien se vienen tiempos más auspiciosos con la introducción de cuotas en el sistema electoral chileno, ojalá que los avances que se vayan logrando no tengan más bien un carácter simbólico y aseguren realmente mayores oportunidades de participación política para las mujeres.
Ya lo dijo en 2010 el Informe del PNUD sobre Chile y poco hemos avanzando en esto: “…es posible afirmar que las mujeres no están plenamente incorporadas al ejercicio del poder en las organizaciones formales tradicionales. No se trata sólo de la distribución porcentual de los cargos en los distintos ámbitos de la toma de decisiones, sino en la ‘manera de hacer las cosas’ en esas esferas. Los lenguajes, los temas, los horarios, la forma de sociabilidades y el uso de los espacios, las estrategias de alianza, el manejo de los conflictos y los estilos de liderazgo, todos ellos reproducen de manera imperceptible el predominio masculino”.
A lo anterior agregaría, por mi parte, el valor simbólico en sociedades como la nuestra sobre los cuestionamientos soterrados respecto de la real capacidad de decidir de las mujeres y sobre cómo vamos en verdad a compatibilizar el rol político público con la familia, sin que dichos cuestionamientos –instalados en el imaginario social inconsciente– se hagan presentes cuando de hombres hablamos.