Como un país que no posee conciencia pesquera calificó a Chile Luis Pichot, Presidente del Consejo del Instituto de Fomento Pesquero (IFOP), quien fue uno de los asistentes al Panel de Análisis del Proyecto de Ley de Pesca y Acuicultura realizado en la Universidad.
“Chile no tiene conciencia pesquera, pero sí tiene actividad pesquera, de Arica a Punta Arenas, por lo que casi toda la sociedad civil se ve involucrada en una modificación como la que se está proponiendo a la Ley de Pesca y Acuicultura”, dijo Pichot, quien felicitó a la UdeC por organizar el encuentro, que reunió a distintos actores sectoriales, industriales, artesanales, tripulantes y parlamentarios, con investigadores de la Universidad, quienes presentaron las conclusiones de un trabajo que, desde noviembre, vienen desarrollando sobre este tema.
Con él coincidió Italo Campodónico, jefe del departamento de Pesquerías de la Subsecretaría de Pesca: “valoramos la existencia de estos paneles en que se debate, a buen nivel, las modificaciones que deben hacerse a la Ley de Pesca. Estamos dispuestos a acoger lo que sea pertinente y conveniente para el país y la sustentabilidad de los recursos”, dijo.
El panel fue organizado por la vicerrectoría de Investigación y Desarrollo, VRID, y en él se presentaron las conclusiones a las que han llegado los investigadores pertenecientes a las facultades de Ciencias Económicas y Administrativas, de Ciencias Naturales y la VRID, todos con grado de Doctor y experiencia en estos temas, quienes han estado trabajando regularmente en las áreas específicas de esta Ley referidas a sustentabilidad y conservación, investigación –en términos de determinar si lo que se propone en la normativa es o no coherente con los principios enunciados-, institucionalidad para lograr esos objetivos, y financiamiento para cubrir los costos de la administración pesquera moderna.
Fiscalización y monitoreo
El investigador del departamento de Economía, Jorge Dresdner, explicó que, a raíz del proyecto que presentó el gobierno para modificar la Ley General de Pesca y Acuicultura, este grupo se conformó para hacer un aporte, desde una perspectiva técnica, que permita mejorar el funcionamiento de la administración pesquera en el país.
“Nos hemos estado reuniendo casi semanalmente durante cinco meses, somos un gran grupo de académicos, lo cual demuestra el interés que existe por hacer un aporte. Nos dividimos en cuatro comisiones de trabajo, dos relacionadas con conservación y sustentabilidad de los recursos y con la investigación, y dos que tienen que ver con la institucionalidad pesquera y el financiamiento. Son temas que creemos centrales para la buena administración de los recursos pesqueros y que, además, a pesar que se toman en el proyecto de ley, son posibles de mejorar”, explica.
En el ámbito de la institucionalidad, Dresdner señala que temas relativos a la fiscalización y el monitoreo de la actividad pesquera son muy relevantes a la hora de asegurar que lo que la ley dice, realmente se cumpla. “Si no hay fiscalización, no tiene sentido discutir mejoras a la ley. Proponemos una serie de medidas que permitan mejorar este aspecto”, dice.
Incongruencias
Los conceptos de conservación de especies, uso sustentable, enfoque precautorio y ecosistémico están considerados e incluidos, explícitamente, en las legislaciones de países avanzados en materia pesquera, explica el investigador del departamento de Oceanografía, Sergio Neira.
En el caso de nuestra legislación, el científico señala que el objetivo general de la ley de pesca que se propone incorpora esos cuatro elementos pero, al revisar en el texto, “vemos incongruencias en esa especie de declaración de buenas intenciones y el concepto que se utiliza para manejar las pesquerías: el Máximo Rendimiento Sostenido –MRS-. En nuestra revisión llegamos a la conclusión de que no es el mejor indicador para la sustentabilidad pesquera y menos para la conservación”.
Al respecto, lo que este grupo propone es que, si se va a considerar ese indicador, sea como un punto de referencia límite para el manejo, sin traspasarlo. “Creemos también que es prioritario que la letra de la ley cambie en el sentido de que la ley mandate específicamente que, en un plazo de tres años, cada pesquería debiera tener un plan de manejo y un comité científico técnico establecido y operativo. Hoy la ley dice que la Subsecretaría de Pesca podrá crear un comité científico técnico y ese podrá ser consultado sobre serie de materias. No está explícitamente mandatado que se haga”, dice.
Otro aspecto que menciona como prioritario es que haya una evaluación del estatus de cada pesquería, para saber cuáles están sanas y cuáles sobreexplotadas. “Para estas últimas, es prioritario que exista un plan de recuperación. Consideramos que, cuando una pesquería es considerada en estado de sobreexplotación o colapsada, la ley debe indicar específicamente una medida de acción para recuperar la biomasa de esa especie a los niveles que consideramos objetivos, e indicar en qué período de tiempo debiera realizarse la recuperación, de modo de no retrasar más la toma de decisiones para recuperarla. Planteamos que un período ideal para recuperar una pesquería no debiera superar los 10 años”, dice.