Con una declaración pública que aborda el fallo internacional de la jueza Karen Atala Riffo, la violencia que dejó a Daniel Zamudio con muerte cerebral y los intentos de llevar adelante una ley de no discriminación, el grupo de investigación sobre Derechos Humanos y Democracia ha dado sus primeros pasos en la vida pública.
Se trata del primer grupo interdisciplinario de la Universidad de Concepción que realizará investigación sobre temas relacionados a la democracia y los Derechos Humanos, siendo el primero de este tipo que existe -además- en el sur de Chile. La idea del grupo radica en fortalecer, potenciar y promover “la investigación crítica en torno a los derechos humanos y la democracia proyectando esa labor investigativa en la docencia y la extensión, en directa relación con la vinculación con el medio y la responsabilidad social que cabe a la comunidad universitaria”, señaló el académico de la facultad de Humanidades y Arte –y miembro del grupo interdisciplinario-, Danny Monsálvez.
Se trata de ocho académicos, provenientes de las facultades de Ciencias Jurídicas y Sociales, Humanidades y Artes, Educación y Ciencias Sociales, quienes se han propuesto desarrollar tres líneas de investigación: igualdad y no discriminación; educación y ciudadanía; y temas indígenas en general. Lo importante, indicó Ximena Gauché, investigadora del Grupo, es que “todos estos temas, que están presentes tanto en las agendas académicas, como políticas y sociales, sean analizados desde un prisma multifocal, enriqueciendo así la discusión”.
El contexto que explica la necesidad de un grupo con esta características, a juicio de los académicos, se ve en lo que ocurre en la contingencia: se habla constantemente de movimientos sociales, agrupados en torno a la sensación de “indignación”, ya sea motivados por la pertenencia a un grupo vulnerable, o unidos por la lucha a favor de una causa común, como la obtención de mayores cuotas de participación política o la reforma a la educación, entre otros temas. “En último término -explicó la académica-, son movimientos motivados por avanzar hacia sociedades más justas, equilibradas y menos concentradas en el ejercicio de poder político y económico”.
Lo anterior –explicaron los investigadores- debería llevar a los países a replantear muchas de sus estrategias y políticas de acción e, incluso, el concepto mismo de Estado, de nación, soberanía y democracia. También, señaló Monsálvez, a intensificar las relaciones internacionales y a adoptar innumerables instrumentos con miras a dar un marco jurídico adecuado para regular las consecuencias tanto políticas, económicas, sociales y culturales que, a largo y mediano plazo, implicarán dichos cambios para las personas.
La primera declaración de los académicos
En su primera declaración, el grupo señaló -entre otras cosas- que “no podemos sino expresar algunas reflexiones generales sobre la diversidad sexual en la sociedad chilena, que hacemos con el respeto que debe primar en toda sociedad que se dice o asume como democrática (y la nuestra lo es por mandato constitucional), desde la tolerancia como valor que muchos reclaman pero no usan cuando no les conviene, desde la convicción que vivimos en un país en que podemos decir lo que pensamos y desde la creencia que mientras respetemos el derecho de los demás, cada quien es dueño o dueña de dar a su vida el sentido que mejor le parezca, y de pensar y sentir distinto a los demás”.