El 10 de diciembre se conmemora un nuevo Día Internacional de los Derechos Humanos. Con ello, se marca en el calendario la jornada en que la Asamblea General de la ONU adoptó la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en 1948.

Como todos los años, se trata de una fecha en la que se examina con detención qué nivel de compromiso global existe en torno al tema.

Sin embargo, para Chile, este instante guarda un matiz diferente: las movilizaciones sociales han instalado la preocupación por los Derechos Humanos y su vulneración en el centro de las movilizaciones y las protestas, que ya llevan siete semanas de desarrollo.

Existe coincidencia en que este año la conmemoración llega en un momento particularmente sensible. Por una parte, los reclamos de los manifestantes se han centrado en temas relativos a la falta de garantías de ciertos derechos. Por otra, han surgido denuncias y querellas por violaciones a los Derechos Humanos, que están siendo perseguidas por organismos competentes en la materia.

Un escenario imprevisto y cambiante, que ha vuelto a poner en la discusión la relevancia de derechos que son considerados fundamentales.

La Declaración Universal abarca todos aquellos derechos que se razonan como inherentes a los seres humanos y que le son propios sin distinciones raciales, de género, religiosas, de idioma u otras y se encuentran garantizados por la normativa de Derechos Humanos.

Se expresan en tratados que los países se obligan a cumplir, por lo que una persona que expresa que se han vulnerado sus derechos, puede recurrir a la justicia de su país y, en último término, a las cortes internacionales. Se trata de derechos básicos, como el derecho a la vida, a la educación, al descanso, a la propiedad, a la libre circulación y a la igualdad ante la ley, entre otros.

“Cuando las personas vienen reclamando hace años que hay que hacer largas filas para obtener una atención en salud y que luego esa atención no es la idónea, cuando se reclama por el modelo educativo, cuando los grupos sometidos a vulnerabilidad reclaman situaciones de discriminación (…), todas esas son problemáticas de Derechos Humanos por las cuales el Estado debe responder. Lo que está pasando en Chile es un movimiento de Derechos Humanos”, señala la académica de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, Dra. Ximena Gauché Marchetti.

La también Subdirectora de la Dirección de Equidad de Género y Diversidad, agrega que “este es un 10 de diciembre muy particular, porque efectivamente no pensábamos que viviendo en democracia tantas personas iban a imputarle al Estado e íbamos a ver, como lo han dicho organizaciones internacionales, vulneraciones de derechos atribuibles a agentes del Estado”.

El camino de una denuncia
En este sentido, según estadísticas del Instituto Nacional de Derechos Humanos, a la fecha se han recibido alrededor de 550 denuncias por distintas vulneraciones de derechos. Su jefa regional para Biobío, Carolina Chiang Rojas, explica que una vez que se recibe una denuncia, sea por contacto directo o a través de lo pesquisado en comisarías, hospitales o derivaciones desde tribunales o del Ministerio Público, se toma contacto con la víctima.

Luego, si esta lo desea, puede relatar los hechos, mostrar sus lesiones o acompañar fotografías. Con estos antecedentes, el INDH se querella, no en representación directa de la víctima sino a nombre del Estado. Una de sus tareas es solicitar la aplicación de protocolos internacionales en los casos, y que los procesos sean lo más rápidos y oportunos posibles.

“En general, siempre ha sido política del Instituto contar con la voluntad de la víctima para presentar la querella, sin perjuicio de que no la necesitamos, pero creemos que es necesario que la víctima esté de acuerdo, porque es ella la que tiene que contar el relato, ir al servicio medico legal, hacer una serie de actos que la involucran de forma personal”, explica Chiang.

Hasta el momento, en Biobío, el INDH ha presentado cerca de 55 querellas que van desde homicidio y homicidio frustrado hasta tortura, malos tratos y violencia innecesaria. Todo en el marco del denominado estallido social.

En caso de una denuncia, son los propios instrumentos del Estado los que deben ser capaces de sancionar un caso de violación a los Derechos Humanos. El Estado de Derecho se obliga a garantizar el debido proceso. “Existe la separación de los poderes del Estado en la cual, el Poder Judicial, como autónomo, tiene la capacidad de decidir si lo presentado y expuesto tiene o no una violación a los Derechos Humanos. Si no somos nosotros como Estado de Derecho capaces de investigar, estamos en una situación mas compleja de lo que creemos”, dice Chang.

Sin embargo, si existe una demora innecesaria o se agotan todas las instancias judiciales sin un resultado satisfactorio, queda la posibilidad de organismos como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a la que adscribe Chile. El proceso es lento (en promedio 22 meses) y, una vez dictada una sentencia, esta es inapelable y vinculante para los Estados.

Educación en DD.HH.
Uno de los elementos detectados por quienes trabajan en la promoción de los Derechos Humanos, es el desconocimiento de lo que constituye una vulneración de estos. Natalia Bórquez Villagra, abogada de la UdeC y miembro de la agrupación Colectiva, Justicia en Derechos Humanos, explica que “la gente siente temor, porque las violaciones a los Derechos Humanos hay que distinguirlas de delitos comunes puesto que son cometidas por agentes estatales”.

“Uno, como ciudadana, le otorgó la potestad de protección al Estado y ahora ve que el Estado te está desprotegiendo. Eso es algo muy fuerte para alguien que no conocía este mundo de los Derechos Humanos”, añade.

Por ello, comenta que la misión de Colectiva es educar sin tecnicismos y tranquilizar a las personas, “en cuanto a que seguimos en un Estado de Derecho y que existen las herramientas judiciales para seguir con las causas”.

“Siempre es importante educar en Derechos Humanos. Nosotros tenemos una historia, por la dictadura, pero aun así hay muchas dudas. Por ejemplo, hay gente que piensa que los desnudamientos en comisarías son algo normal y por supuesto que no es normal, es una forma de tortura. Es siempre importante ir educando y creo que las mejores instancias están en los barrios, en juntas de vecinos. También en las universidades, pero hay que acercarse a la comunidad”, concluye Bórquez.