Como parte del ciclo de diálogos “Koyagthun: Voces mapuche para una solución política” que lleva a cabo la Universidad de Chile a través de sesiones de distintos puntos del país, la UdeC acogió esta mañana el encuentro “Borde costero: El buen vivir desde una mirada lafkenche”.

Los espacios costeros marinos para pueblos originarios (Ecmpo), los conflictos jurídicos entre inversores y comunidades por el uso de los territorios y sus recursos, así como la salud intercultural fueron los temas tratados en el diálogo que fue inaugurado por el Rector UdeC, Dr. Carlos Saavedra Rubilar.

La autoridad reflexionó sobre el concepto del buen vivir del pueblo lafkenche, como una forma de relación con el espacio que apunta a la “armonía entre las necesidades de sobrevivencia del ser humano y aquellas que requieren el mar y la tierra para renovar sus recursos y continuar existiendo”.

Asimismo, explicó que en esa visión el buen vivir considera que “los seres humanos somos también parte del medioambiente, pues dependemos de él, por lo que su cuidado y conservación no debiera ser motivo de controversia sino de colaboración. También a apela a nuestro sentido de comunidad, al ser con otros, que muchas veces se pierde en el individualismo que nos impone la vida actual”, dijo.

Una de las organizadoras del ciclo de diálogos es la académica y senadora de la Universidad de Chile Verónica Figueroa Huencho. La investigadora del Instituto de Asuntos Públicos (IAP), quien fue la moderadora de la nueva sesión de los diálogos, explicó que este ciclo es “una instancia de reflexión e intercambio de propuestas a distintas temáticas desde una voz mapuche, en espacios otorgados por diversas universidades”.

Expositor del encuentro, el alcalde de Tirúa, Adolfo Millabur Ñancuil, dio a conocer la exitosa experiencia de las comunidades de la zona en la obtención de una autorización para administrar 12 millas marinas, a partir de la llamada Ley Lafkenche.

La ley 20.249, vigente desde 2008, establece mecanismos para destinar un Espacio Costero Marítimo a pueblos originarios, que reconoce el uso consuetudinario —el dado por la costumbre— de zonas costeras por parte de comunidades.

De acuerdo a Millabur, la lucha por la aprobación de esta normativa, impulsada principalmente por comunidades lafkenches, es la única ley que reconoce el derecho territorial de los mapuche y que, en cierto modo, se adelantó a materias establecidas en el Convenio 169 de la OIT.

También fue parte de la actividad, la académica de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, Amaya Álvez Marín, experta en pueblos originarios y derechos humanos, afirmó que la Ley 20.249 es un ejemplo en el reconocimiento de “un hábitat indígena de Chile”, señalando que “contiene muchos elementos que no tiene ninguna otra (ley) en la materia”, aunque lamentó que se trate de una situación excepcional.

Haciendo un balance de la primera década de vigencia de la normativa, la Dra. Álvez hizo una revisión de los procedimientos de solicitud de Emcpo, señalando que a la fecha se han realizado 390 peticiones, de las cuales son 10 han sido aprobadas.

Según la académica, entender los territorios en la perspectiva de los usos ancestrales “significa mirar el mundo con otros ojos y eso a veces cuesta, incluso en la academia somos un poco dogmáticos y nos cuesta abrirnos a distintas maneras de mirar las cosas”.

En la oportunidad, también se conoció la experiencia de la representante Asociación Mapuche Rayen Leufú , María Olmos Loncopán, en la promoción de la salud intercultural, y la visión del especialista de la Universidad Andrés Bello, Nicolás Ferrone, en los conflictos que pueden ocurrir entre estado, inversionistas extranjeros y comunidades indígenas.