En el marco de las movilizaciones estudiantiles y la urgente necesidad de reestablecer las clases en las Facultades y carreras paralizadas, la Directora de Docencia, Carolyn Fernández, señaló que la formación de calidad, los cupos de establecimiento de prácticas y la mantención de las becas y beneficios estudiantiles, son las tres principales preocupaciones de la Universidad que exigen la regularización de las actividades.

Formación de Calidad
Institucionalmente, la Rectoría ha explicitado la formación de calidad como un eje fundamental en su gestión. Por este motivo, es preciso respetar el calendario académico, el cual contempla 19 semanas hasta el registro de notas y actas. La Directora explicó que “hasta este momento tenemos carreras y facultades que se encuentran en la semana 6, 7 e incluso iniciando la semana 8 de paralización. En este momento la reprogramación que se ha calculado resiste hasta esos límites, para poder asegurar que las condiciones de calidad sean efectivamente las que se han definido. Las carreras que están en el límite, iniciando sus clases hoy, podrían terminar sus clases el 14 de septiembre para iniciar el segundo semestre el 24 de septiembre y concluir el 1 de febrero las clases del segundo semestre. Ese es el límite”.

La autoridad indicó que “esta institución y el Consejo Académico no es de la idea de transar sobre la formación de calidad”, agregando que “los perfiles de egreso de cada una de las carreras tienen en su desarrollo progresivo competencias y habilidades que son necesarias de trabajar en el tiempo. No se pueden condensar, ya que no tienen la progresión para poder asegurar el aprendizaje”.

Cupos de establecimientos de prácticas
Los convenios de prácticas con centros educativos y clínicos son diseñados en función de los requerimientos de los propios establecimientos. Por ejemplo, la Facultad de Educación debe responder a 250 establecimientos educacionales, donde deben realizar prácticas progresivas y profesionales 1.230 estudiantes, quienes ya tienen atraso en su calendario.

Fernández enfatizó que “estos convenios se definen en coordinación con las facultades, pero en función de los requerimientos propios de las instituciones, y eso ya está en un riesgo importante”. En particular, advirtió que “los centros clínicos no están dispuestos a partir con más de un mes de retraso las prácticas del segundo semestre o interrumpir las prácticas en algunos casos como podría estar sucediendo hoy. En el caso de los establecimientos educacionales es la misma realidad. Partiendo las clases el 24 de septiembre ya estaríamos partiendo con un mes de retraso los convenios con estos establecimientos. Es un desfase que pone en riesgo los cupos de prácticas y los convenios con los establecimientos educacionales y centros de salud. Si no cumplimos, no somos deseables”.

Becas y beneficios estudiantiles
En la Universidad de Concepción casi 12 mil estudiantes tienen la Beca de Gratuidad. El retraso en la actividad académica y el registro tardío de notas arriesga el no cumplimiento de la entrega de informes al Ministerio de Educación necesarios para dar continuidad a estos beneficios. La entrega de los informes debe ser realizada de forma única por la Universidad en marzo de 2019, por lo que es imperativo finalizar las clases a más tardar en febrero. “De la cantidad tan grande de estudiantes que tenemos, podríamos tener al menos un estudiante que se haya enfermado en este proceso, tenga una licencia médica y quede en condición de pendiente, y en marzo no podríamos informar sobre ellos, y no se nos permiten reportar de forma individual, es solo un informe por universidad, y si no se entrega se pierden las becas y beneficios”.

La Directora sugirió que “las estudiantes movilizadas no han querido comprender la magnitud de este riesgo. Nosotras hemos sido enfáticas en explicar en la mesa de negociación que este es un punto crítico, y tengo la sensación de que no lo ven así, aludiendo a que, en otros momentos, como durante las movilizaciones del 2011 han existido ciertas concesiones especiales”. Sin embargo, explicó que, a diferencia de tal año, “en el 2011 esta realidad era nacional y había universidades completas paralizadas a nivel país, lo que no es una realidad en este momento. Además, no existía el componente de la gratuidad. Hoy existe la gratuidad y no sabemos y no podemos garantizar que el gobierno actual vaya a tener alguna deferencia con la Universidad o una carrera en particular, aludiendo a que no es una realidad país (…) nosotros no estamos dispuestos a apostar y arriesgar a estos estudiantes que son los más vulnerables de la Universidad, los que no pueden estudiar sin estas becas”.

Sin embargo, la autoridad sostivo que, aunque “lamentablemente las estudiantes movilizadas no han querido interpretar esto adecuadamente o lo han interpretado con desconfianza, lo que ha ocurrido es que no logran dimensionar que esto no tiene que ver con una medida de presión”, enfatizando que “no existe una intención de denostar el movimiento, todo lo contrario. Soy parte de la mesa de negociación, hemos estado trabajando arduamente por llegar a acuerdos, tuvimos tres días muy buenos en términos de esos acuerdos, y finalmente nos encontramos con decisiones distintas que entendemos tienen que ver con la respuesta de sus bases”.

Disposición al diálogo
Finalmente, la autoridad universitaria destacó que “desde Rectoría se ha ido informado permanentemente a la comunidad universitaria sobre todo lo que ha ido aconteciendo. Me alegra saber que, por ejemplo, cada una de las sesiones de las mesas de negociación y sus actas están transparentadas. Los decanos y los vicedecanos se han comprometido a socializar la información con sus académicos y estudiantes explicando los riesgos que pueda haber y definir estrategias para poder reanudar las actividades lo más pronto posible”.