Los rectores de la Universidad de Concepción, Sergio Lavanchy, y de la Universidad Austral de Chile, Oscar Galindo, junto a la Secretaria General de dicha casa de estudios, María Asunción de la Barra, se reunieron en Santiago con la Subsecretaria de Educación, Valentina Quiroga, y la Jefa de la División de Educación Superior (Divesup), Alejandra Contreras, así como con varios asesores del ministerio, con el fin de expresar la preocupación que existe en las universidades de Concepción, Austral y Federico Santa María, debido al proyecto de Ley de Educación Superior que, tal como se encuentra actualmente, implicaría que estas instituciones quedarían igualadas a aquellas después de 1981, en circunstancias que “claramente no somos universidades con fines de lucro”, como ha recordado el Rector en varias ocasiones.

Lo anterior ocurre porque el proyecto en trámite establece una serie de restricciones para todas las universidades que son personas jurídicas de Derecho Privado sin fines de lucro (como sucede con la UdeC, la Uach y la USM), prohibiéndoles, por ejemplo, tener relaciones contractuales con quienes sean socios de ellas.

Esto obligaría, en la práctica, a cambiar los estatutos de la UdeC, dado que la mitad de los hasta 600 miembros que puede poseer la junta de socios de la Universidad de Concepción son precisamente de la planta académica y, por ende, reciben el sueldo que les corresponde por dicha función. Algo semejante ocurre en la Universidad Austral.

Además de lo anterior, Lavanchy explicó que el proyecto impone una serie de restricciones en lo que dice relación con la creación de sociedades o spin offs, que permiten allegar recursos a los proyectos universitarios.

Respecto de ello, el Rector expresó que “se está trabajando para que esas regulaciones no se hagan efectivas”, destacando la buena acogida que encontraron en el ministerio y comentando que los siguientes pasos contemplan la necesidad de exponer las argumentaciones de estas tres universidades ante los integrantes de la Comisión de Educación del Senado.

De las 27 universidades que actualmente componen el Consejo de Rectores solo se verían afectadas por esta normativa las tres antes mencionadas, dado que se trata de Corporaciones de Derecho privado (en el caso de la UdeC y la Uach) y de una Fundación de Derecho Privado (en el caso de la USM). Las universidades del Estado no se ven afectadas por esta norma, ni tampoco las que son personas jurídicas de Derecho Público, como sucede en el caso de todas las universidades católicas.