El abogado y autor de diversos textos sobre educación y derecho, Fernando Atria, participó durante esta semana del Doctorado en Educación, dictando un seminario para sus estudiantes.

El académico de la Facultad de Educación, Jorge Ulloa, señaló que Atria ha realizado una importante contribución al debate sobre lo que significa la educación como “un derecho social”, por lo que su visita significa un aporte en la contribución de los especialistas en esta área.

Que la educación sea un derecho social, explicó Atria, supone una pregunta anterior: ¿qué son los derechos sociales? El académico señaló que al definir la educación como un derecho social “es decir que todos los ciudadanos tienen derecho a la misma educación, una que abra iguales oportunidades de desarrollo, y eso es incompatible con entender que la educación es una mercancía que se compra y vende en el mercado”, ya que las mercancías no se distribuyen de manera igualitaria, sino de acuerdo a la capacidad de pago de cada uno.

Para Atria, el modelo chileno se caracteriza por no tener derechos sociales y sí mercancías. Lo anterior se puede observar tanto en educación, como salud, seguridad social y vivienda, las cuatro áreas características de los derechos sociales, explica el abogado. “Eso es el resultado de lo que yo llamaría la ‘madre de todas las retroexcavadoras’, que fue pasada con desprecio por quienes pensaban distinto durante los ochentas, que consistió básicamente en negar todo lo que había ocurrido en la historia chilena”, indicó.

Treinta años más tarde, afirmó, nos estamos dando cuenta que este modelo impulsado por los llamados ‘Chicago boys’ solo funciona en algunas esferas, pero que en otras ha llevado a sistemas desiguales, segregados e injustos, “el caso paradigmático de aquello es la educación”. Señaló que las políticas de mercado en un sistema educacional terminan en un sistema como el que tenemos nosotros.

“Creo que lo importante ahora es entender que si la educación es un derecho social, la organización de la educación no puede ser un mercado”. La respuesta tradicional para remover el mercado de la educación, aseguró el abogado, es que la educación privada debería ser reemplazada por una pública –provista por el Estado-. “Creo que esa es una solución correcta, pero no necesaria; es posible tener educación como un derecho social, sin una publificación completa, es decir que no es necesario que la educación privada sea excluida y eliminada, solo debe ser excluido el mercado”.

A su juicio, la Ley de Inclusión, es uno de los mejores ejemplos e iniciativa de los últimos 20 años, ya que “pretende establecer condiciones para que haya una educación privada, pero no bajo el mercado, y por eso no puede perseguir fines de lucro, seleccionar estudiantes, creo que es un paso considerable hacia la educación de derecho social”.