Como un imperativo calificó el abogado Gonzalo Cortez, vicedecano de la facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la UdeC, la implementación de la reforma del proceso civil, más aún cuando las reformas introducidas en otros órdenes procesales han tenido importantes repercusiones en estos procesos, “pues la oralidad, la inmediatez y la concentración han desnudado los evidentes defectos en la regulación del proceso civil, circunstancia que es reveladora de la urgente necesidad de adaptar nuestro más que centenario proceso a las exigencias de las actuales relaciones jurídico-privadas, lo que pasa por una profunda reforma tendiente a modernizar y agilizar nuestro sistema procesal civil”, señaló. El académico formó parte de la comisión encargada de presentar la propuesta de un nuevo Código Procesal Civil, base de la reforma al proceso civil, documento que fue presentado a fines de marzo al poder Legislativo y que actualmente se encuentra a la espera de su discusión y aprobación.
El abogado es crítico al señalar que esta reforma se lleva adelante por diferentes razones “pero por sobre todo, por la debida interrelación que debe existir entre los distintos ámbitos del Derecho, hay que concluir que en nuestro ordenamiento no pueden coexistir demasiado tiempo un proceso penal que mira el siglo XXI, junto a un proceso civil, anclado en el Siglo XVIII”.
Para Cortez, un cambio de esta magnitud no podrá ser satisfecho con una reforma parcial o una modificación de los textos legales vigentes: “la política de 'parcheo legislativo' debía ser definitivamente abandonada, siendo imprescindible la completa sustitución del código vigente, sin perjuicio de que la nueva regulación recoja elementos e instituciones que han demostrado funcionar de manera eficiente bajo el actual sistema de enjuiciamiento”, indicó.
La propuesta
Hay algunos aspectos que si bien comparados con la actual regulación pudieran considerarse importantes transformaciones, lo cierto es que desde un punto de vista más general, no lo son tanto, señala el especialista, quien de este modo se refiere a la incorporación de la oralidad y las reglas que imprimen eficacia al proceso, las “que enfrentadas al viejo código aparecen como innovadora, pero si consideramos que llevamos más de una década conviviendo con procedimiento orales, la novedad no es tal”, señaló el Vicedecano, quien precisó que lo verdaderamente innovador de la nueva propuesta radica en tres aspectos: “la posibilidad de ejecución inmediata de sentencias pendientes de recurso de apelación (llamada ejecución provisional); el nuevo régimen de acceso al tribunal supremo, con la supresión de la casación, y la desjudicialización de algunas fases de la ejecución”.
El Proyecto fue ingresado al Parlamento el 13 de marzo pasado y se espera que tenga una tramitación expedita, debido al consenso que existe en los distintos sectores en la necesidad de la reforma. “El ejecutivo ha planteado que la tramitación del proyecto podría quedar concluida en un par de años. Al respecto tengo mis dudas, fundamentalmente porque existe una serie de proyectos paralelos indispensables para la entrada en vigor y la implementación de un nuevo sistema procesal civil”, señaló.
La tercera  justicia en modificarse
Para el catedrático, el hecho de que las  reformas de los procedimientos en nuestros país hayan comenzado por los procesos penales no es una coincidencia, “porque se trata de sistemas procesales socialmente más sensibles, que involucran a los ciudadanos más desposeídos”, señaló. De ahí que se haya continuado con la reforma del proceso de familia y más tarde con el laboral. “Sólo resta la justicia civil, una que -en general- nos resulta más cercana. Todos, dentro de nuestro círculo familiar, conocemos a alguien involucrado en un proceso civil, como una cobranza o un juicio derivado de un accidente. No ocurre lo mismo, por ejemplo, con la justicia criminal”, explicó.