Con la presencia de autoridades del Poder Ejecutivo, Judicial y del mundo académico, se desarrolló el  Seminario Acceso a la Justicia y Capacidad Jurídica de las Personas con Discapacidad, organizado por la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Concepción, el Servicio Nacional de la Discapacidad (Senadis) y la Corte de Apelaciones de Concepción.
En el  seminario –iniciado ayer en el Salón Pleno de la Iltma. Corte de Apelaciones de Concepción- el director de relaciones institucionales e internacional de la UdeC, Iván Araya, destacó esta instancia regional de debate en torno al mejoramiento de la legislación en este ámbito y las posibles acciones para un real acceso a la resolución de conflictos. “Confiamos que las ideas que surjan en este espacio sirvan de base para el perfeccionamiento de la legislación  y para diversas acciones destinadas a promover el real acceso de las personas con discapacidad, instalando la discusión de la capacidad jurídica  de las personas con  capacidades diferentes, para establecer mecanismos que cumplan con los estándares jurídicos y sociales internacionales”, señaló.
Por su parte, la Directora Nacional de Senadis, María Ximena Rivas, aseguró que “el trabajo con el mundo académico, específicamente con la Universidad de Concepción y el Poder Judicial, permitirán mejorar las políticas públicas  en materia de acceso a la justicia de las personas con discapacidad,  y contribuirán a generar las condiciones para avanzar  hasta la modificación de nuestra normativa en materia  de capacidad jurídica a objeto de cumplir los estándares internacionales sobre la materia y de derechos humanos en general”.
En relación a la capacidad jurídica de las personas con discapacidad, la directora explicó que “en Chile existe el modelo de la interdicción (acto judicial mediante el cual se determina  que una persona está incapacitada  de administrar sus bienes). El problema es que el modelo actual lo declara interdicta para todo, y  esa persona podría tener  libertad para decidir otros aspectos de su vida,  como dónde quiere vivir, estudiar o si quiere someterse a un tratamiento médico etc. Por lo tanto, debemos transitar a  un modelo donde se le permita ejercer sus derechos, pero resguardando aquellas figuras en que las personas con discapacidad requieran de apoyo”.
Asimismo, el decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, José Luis Diez, valoró la realización del seminario  en Concepción y la presencia de expositores extranjeros como la Ministra de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica, Anabelle León, asegurando que “este es un avance concreto en el proceso de dar  identidad y fuerza a las ideas de las regiones en nuestro país”.
Hoy, las actividades continuaban en el auditorio de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales con las exposiciones de la Corporación de Familiares y Amigos de Personas Discapacitadas Psíquicas de Chile (Corfadich), del docente de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica de Argentina, Raúl Augusto Montesano, y de Amaya Álvez, docente de Derecho Constitucional de la UdeC, así como de la docente de Derechos Fundamentales de la UdeC, Ximena Gauché, y del investigador de la Universidad Carlos II de Madrid, Álvaro Benavides.
 Conferencia inaugural
El programa se inició ayer con la exposición de la Directora de Promoción de Igualdad y Prevención de Discriminación en la Municipalidad de General Pueyrredón y docente de la Universidad de Mar del Plata (Argentina), Agustina Palacios, quien revisó los aspectos fundamentales de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU, aprobada el  13 de diciembre de 2006.
La relatora  explicó algunos alcances  de este instrumento, como la visibilidad de este grupo ciudadano dentro del sistema de protección de derechos humanos de Naciones Unidas, la asunción irreversible del fenómeno de la discapacidad como una cuestión de derechos humanos, y el contar con una herramienta jurídica vinculante a la hora de hacer valer los derechos de estas personas.
Luego de revisar los modelos de tratamiento de la discapacidad (prescindencia, rehabilitador y social),  precisó que la discusión se centra en el ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad, explicando que “la convención  asume el modelo social de la discapacidad  que está centrado en la persona, en la desinstitucionalización y al apoyo para la toma de decisiones”, agregó.