Representantes de la Universidad de Concepción interpusieron una denuncia contra quienes resulten responsables del daño a los inmuebles considerados Patrimonio Nacional, y cuyas reparaciones han costado al plantel más de 7 millones de pesos en lo que va del año.

El Director de Servicios, Alejandro Tudela; el representante de Patrimonio de la Vicerrectoría de Relaciones Institucionales y Vinculación con el Medio, Javier Ramírez; y el abogado de la Universidad, Javier Troncoso; concurrieron este lunes hasta la Fiscalía de Concepción para interponer una denuncia contra quienes resulten responsables del daño a edificios que se encuentran en el polígono declarado Monumento Histórico Nacional dentro del campus universitario.

La acción busca perseguir de manera particular a los responsables de rayados y otro tipo de daños que sufren estos inmuebles, dado que la Ley de Patrimonio faculta a las instituciones para solicitar penas de hasta cinco años de presidio por estos delitos.

El representante de Patrimonio, Javier Ramírez, explicó que “esta denuncia se ampara en la ley 17.288, cuyo artículo 38 tiene que ver con la destrucción del patrimonio. Quedan bajo la ley, tutoría y protección del Estado todos los inmuebles o áreas declaradas. Queremos dar cuenta cómo la Universidad aplica este decreto y definir a los responsables”.

Además, señaló que la UdeC se encuentra planificando una campaña comunicacional que busca sensibilizar a la población respecto a lo que significa contar con este patrimonio, que pertenece no solo a la ciudad de Concepción sino que a todo el país. “El daño es a la comunidad, pero también al Estado y todos los ciudadanos”, dijo, al tiempo que indicó que se espera “establecer un plan para dar cuenta de los valores y también las consecuencias que tiene la conservación de estos bienes”.

El Director de Servicios, Alejandro Tudela, comentó por su parte que cada vez que se daña algún sector de la Universidad, ésta se ve obligada a incurrir en gastos extraordinarios, los que a la fecha suman cerca de 7 millones de pesos desde el mes de enero. “Acá tenemos una fuga de recursos y, ciertamente, esto podría usarse en algo más productivo. Por eso hacemos el llamado a cuidar el patrimonio y la infraestructura. En la medida que no lo hacemos, se violenta a quienes hacemos uso de ese espacio”.

Finalmente, el abogado Javier Troncoso señaló que la Universidad espera, además de la investigación puntual en este caso, entregar la señal inequívoca de que perseguirá cada delito relacionado con la destrucción de su patrimonio. “La idea es dejar establecido que la Universidad no permitirá que encapuchados, de forma impune, destruyan el patrimonio histórico y ejercerá las acciones que correspondan”.