Con dos años en funcionamiento, el Laboratorio de Mediciones y Análisis de Emisiones Atmosféricas del Departamento de Ingeniería Mecánica de la UdeC obtuvo la semana pasada la autorización del Ministerio de Salud para operar, convirtiéndose de este modo en la primera unidad en la región -y segunda en el país- habilitada para certificar equipos de combustión residencial de biomasa.

El Laboratorio podrá certificar artefactos nuevos que ingresen al mercado, con potencia igual o inferior a 25 kW, fabricados en el país o importados, de combustión a leña o derivados de la madera (pellets, briquetas) y de alimentación manual o automática.

Además de ser un logro en términos de la actividad académica y de investigación en la UdeC, la habilitación del laboratorio adquiere relevancia para la zona en la perspectiva de la puesta en vigencia, a partir del próximo año, del Decreto Supremo 39 del ministerio del Medioambiente -sobre emisión de material particulado para artefactos a combustión de leña  o derivados de la leña- y del Plan de Prevención  Atmosférico  para el  Concepción Metropolitano (PPACM) –que además de las emisiones residenciales, aborda las provenientes del transporte y la industria-.

Los datos que arrojan los estudios realizados por el Laboratorio hablan del desafío que se viene en la reducción de la contaminación  atmosférica: gran parte de los sistemas de calefacción residencial en uso en el  Concepción Metropolitano no podrían cumplir con las exigencias del DS 39.

El director del Laboratorio, el especialista en Combustión, Doctor Oscar Farías, señala que los estudios muestran que los artefactos convencionales de doble cámara  -las ampliamente utilizadas estufas de combustión lenta- registran emisiones de material particulado de entre 7 a 20 gramos por hora, lo que supera ampliamente el límite de 3,5 gr/h  que fija el DS 39 para calefactores con potencia entre 8 y 14 kW.   Estas incluso sobrepasan con creces los niveles máximos de 4.5 gr/hr. establecidos para sistemas superiores a 14kW.

El PPACM, derivado de la declaración de la provincia como zona latente en 2006 -y que incluye las normas emanadas del DS 39 en sus bases- recoge una serie de medidas que buscan reducir las concentraciones diarias de material particulado en el ambiente, para evitar la condición de saturación.

El subdirector del Laboratorio, el académico Jorge Jiménez, explica que en el Gran Concepción existe una marcada estacionalidad en los impactos de la calidad del aire, con “un mayor aporte del sector industrial e incendios forestales durante el verano y un mayor impacto de la combustión residencial de leña durante los meses de invierno”.

De acuerdo al PPACM, agrega Jiménez, a partir del inventario de emisiones atmosféricas, el 47,6% de las emisiones totales de PM10 (material particulado con diámetro aerodinámico menor o igual a 10 micrómetros) corresponden a utilización de leña para calefacción residencial.

Por eso, como agrega Farías, en el plan se estipula el recambio de al menos 40 mil calefactores a leña que contribuyen de manera importante a la contaminación atmosférica. “La mejora en la calidad de los equipos, mediante programas de recambio, representa un beneficio ambiental que superaría con creces la inversión dado el impacto positivos en la salud de la población”, añade el académico.

Desde el Laboratorio se han realizado diversas investigaciones sobre equipos de calefacción residencial, estableciendo también inter comparaciones con unidades simulares de Estados Unidos, con el fin de testear la eficacia de las mediciones locales.

Además de evaluar los niveles de satisfacción de los equipos respecto de la nueva normativa,  el Laboratorio también ofrece asesorías para el mejoramiento de las tecnologías desarrolladas. “La idea es mejorar el diseño y construcción de los artefactos para disminuir las emisiones y mejorar el rendimiento”, dice.

Este es uno de los temas en que –según Farías- es necesario ahondar desde el punto de vista de la investigación y que en estos momentos está siendo abordado a través de tesis de grados y memorias, a la espera de impulsar un gran proyecto con este fin.

La nueva normativa, además de involucrar al ministerio del Medio Ambiente, incluye la participación de la Superintendencia de Electricidad y Combustible (SEC) como entidad responsable de generar los protocolos de certificación de los equipos.  Farías, quien estuvo la semana en la SEC, adelantó que los protocolos ya se encuentran definidos y están en etapa de aprobación pública.

En tanto, el ministerio de Energía deberá generar los estándares mínimos de eficiencia energética.  Lo que se busca, indica el director del Laboratorio, es llegar a establecer un sistema de sellos de eficiencia energética como los que se aplican hoy a los refrigeradores.

Para el doctor Farías, la autorización el ministerio de Salud es un hito importante  para la Universidad  que también “abre  mayores perspectivas para las entidades responsables de poner en marcha el nuevo marco regulatorio”.