Como una moderna forma de esclavitud calificó la jefa de la carrera de Trabajo Social, Cecilia Bustos, la explotación sexual, temática compleja y de difícil abordaje que, como problema social global y transversal, requiere de la academia espacios de reflexión y de propuestas de aproximación eficaces.

Así lo sostuvo la académica en la inauguración del seminario Explotación sexual infantil: una mirada nacional e internacional para un problema global, que fue organizado por el departamento de Trabajo Social con apoyo del programa interdisciplinario sobre Protección Integral de la Infancia y la Adolescencia UdeC –PIIA-, y que tuvo entre sus expositoras a la doctora María Dolores Adam, académica de la Universidad de Córdoba, España.

“Se trata de un problema muy grande. La trata de mujeres y de niñas mueve muchos millones de euros. Después del tráfico de armas y drogas, el dinero que se genera con la trata es fundamental”, sostuvo Adam quien agregó que en el caso de Europa Occidental este tema se ve principalmente asociado a mujeres y niñas extranjeras que son llevadas bajo engaño a países como Francia, España, Italia u Holanda.

“A estos países llegan mujeres y niñas extranjeras que son víctimas de la trata de seres humanos. Ellas provienen, por ejemplo, de países de Europa del Este, de Asia, de América -Centro y Sur-, lo mismo que de África”, sostiene.

Se habla de trata de mujeres, agrega, en cuanto existe engaño para que ellas accedan a viajar desde sus países de origen a los sitios donde van a ser explotadas sexualmente. “Existen mafias organizadas que tienen todo un protocolo de cómo actuar, captarlas en origen, engañarlas con futuros empleos en Europa -en trabajos del hogar o de aseo-, para los cuales las mujeres dan su consentimiento. Las mafias se encargan de comprarles el billete, facilitarles el pasaporte, el visado y los primeros días de alojamiento en el país de destino, de modo que ellas contraen esa deuda con la mafia que, además, les quitan el pasaporte y las introducen en clubes. Ellas entonces quedan prisioneras porque no tienen dinero, no conocen el idioma, no tienen a quién recurrir y, además, son obligadas a prostituirse”, explica.

Este tema, sostiene Adam, involucra a mujeres jóvenes y menores de edad. Para combatir esto, en España se ha tipificado en el Código Penal la trata de seres humanos con independencia del tráfico ilegal de inmigrantes –en este último hay consentimiento- y, además, se estableció un plan nacional 2008-20013 para prevenir, combatir y erradicar la trata de mujeres en ese país.

Experta en dertecho internacional privado, con investigaciones en las áreas de protección de los derechos de mujeres, inmigración y derechos de familia, Adam participó en esta actividad como parte de las estrechas relaciones de cooperación existentes entre nuestra casa de estudios y la Universidad de Córdoba.

Trabajo interdisciplinario

Si bien es cierto Chile acaba de legislar sobre la trata de personas -ley 20.507 de 2011- quedan aún muchos desafíos pendientes en esta materia. Por ejemplo, el concepto de explotación sexual infantil no está, en nuestra legislacón, tipificado como tal.

Con el desafío de visibilizar, comprender y transformar la realidad de la trata de personas y la indignidad que viven las víctimas de la explotación sexual comercial, el departamento de Trabajo Social y el PIIA organizaron este seminario que -explica la coordinadora de Extensión de ese Departamento, Cecilia Pérez- traduce la fuerte convicción de que la UdeC debe desarrollar una línea fuerte de desarrollo de generación conocimiento, de investigación, de formación y vinculación con la comunidad, asociada al modelo de la convención de los Derechos del Niños.

“Queremos tener una opinión, una posición sobre un problema que está comenzando a estar en las noticias. El tema de la explotación sexual comercial de niños ha sido por un largo tiempo invisibilizado. Es uno de los temas más duros de tratar en el área de la infancia y en el caso de nuestro Departamento se plantea un trabajo interdisciplinario y de vinculación con la comunidad”, explica Pérez.

Finalmente insiste en realizar un llamado, desde la academia, para concretar -a la mayor brevedad posible- una Ley de Protección Integral a la Infancia y Adolescencia en Chile, que permita derogar la legislación de menores y darle el diseño, jerarquía y recursos a una robusta institucionalidad pública en la materia.