El poco conocimiento de la cultura mapuche que existe en la población chilena, en general, se ahonda más cuando se trata de la visión que la etnia tiene del derecho. Ese es el tema que se encuentra investigando el académico de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, Rodrigo González-Fuente, en su proyecto Vrid de Iniciación La costumbre penal indígena y el principio de legalidad.

“Estamos en una universidad en la que tenemos muchos alumnos de origen mapuche y es un tema que se ha hecho cada vez más presente en el contexto latinoamericano”, señaló el Dr. González-Fuente para explicar las motivaciones de su estudio.

El investigador, contó que en el verano viajó a Colombia para conocer la realidad en esta materia, constatando que “ellos están más adelantados que nosotros, entonces creo que Chile tiene que avanzar en reconocer las costumbres (mapuche)”.

De acuerdo al docente, hay situaciones en que las costumbres mapuche entran en conflicto con la administración de justicia, Por ejemplo, “en el porte de armas, porque para una machi no es un delito portar una escopeta o no consideran un delito de carácter sexual cuando hay menores de 14 años de por medio”.

Son casos como estos los que muestran la dificultad de conjugar el “sistema nacional” y el mapuche, aunque "muchas veces los jueces que actúan en zonas de conflicto tratan de ir adecuando los usos y costumbres de las comunidades. Lo que pasa es que (el mapuche) es un derecho consuetudinario (basado en la costumbre) y los jueces tratan de reconocerlo en los casos que sea posible, porque no pueden marginarse de la ley”.

Por otro lado, afirmó que en el mundo del derecho falta mucho por avanzar en estos aspectos, “porque si llegáramos a un nivel en que podemos reconocer la costumbre con mayor grado de rigurosidad de lo que lo hacemos actualmente, los jueces van a tener que estar preparados, porque no tenemos un sistema de jurisdicción indígena en nuestro ordenamiento jurídico, donde sea un mapuche el encargado de hacer justicia. Son los jueces nacionales, por tanto, serán ellos los encargados de estar en conocimiento de tipo de costumbres”, afirmó.

En el marco del proyecto, se llevó a cabo el seminario "Temas actuales en relación con la costumbre mapuche", en el que expusieron el investigador del Centro de Estudios Mapuche Rümtun, Jorge Aillapán, y el dirigente lafkenche y consejero Conadi, Iván Carilao.

El primero hizo un análisis del discurso autonomista mapuche desde la perspectiva jurídica y sobre la base “de la reconstrucción de la teoría occidental imperialista de los derechos humanos” -que es donde, dijo, se fundamentan todos los discursos autonómicos desde los 90- para demostrar que en la aspiración de autodeterminación de la etnia no hay lugar para la secesión.

De acuerdo al profesional, la secesión ha sido un objetivo latente dentro del discurso autonomista, pero el ordenamiento jurídico internacional sólo consigna esta alternativa para los estados colonizados y no para pueblos indígenas. “De ahí que toda promesa política, todo discurso autonómico que lleve para allá, no es más que demagogia. Es fácil descubrir que todos los autonomistas mapuche no buscan la secesión, sino que se conforman con la autonomía interna, validando la opción que nos está ofreciendo el derecho internacional”, afirmó.

Iván Carileo, en tanto, compartió la experiencia del trabajo realizado por el movimiento mapuche-lafkenche en la construcción de la Ley 20.249 (de 2009), que crea el espacio costero marino de pueblos originarios. “Esta fue una ley construida básicamente con un esfuerzo de dirigentes que no llegaron a la universidad, pero que fueron capaces de instalar, con la relación que se produjo con los actores del estado, un espacio de acercamiento para construir algo que fuera mucho más representativo, más que desde el estado, sino que desde los indígenas para los indígenas. Eso es lo que se puede rescatar de esa figura”, dijo.

El dirigente, indicó que una de las características de este regulación -que comenzó a discutirse luego de la promulgación de la Ley de Pesca en 1992, “que dejó fuera al pueblo lafkenche”- es que, por un lado, reconoce el derecho consuetudinario del uso del espacio costero y, por otro, “incorpora algunos conceptos más característicos de nuestra gente, que es el derecho colectivo, el derecho que tiene nuestro pueblo a usar un espacio determinado y que es distinto a otras leyes porque no se define de acuerdo a lo individual”.

A pesar de estos aspectos positivos, el dirigente reconoció problemas en su aplicación, “por desconocimiento o razonamientos equívocos de la ley” que, hacen que esos derechos se otorguen de modo limitado, sesgado o discriminatorio.