Invitado por el Centro Latinoamericano de Políticas Económicas y Sociales Clapes UC, el Rector de la Universidad de Concepción, Sergio Lavanchy, participó como panelista de una de las mesas de discusión en el seminario “Institucionalidad, regulaciones y prohibición del lucro en las universidades chilenas”, realizado el jueves 19 de mayo en el Salón de Honor de la Pontificia Universidad Católica de Chile.

Además del Rector de la UdeC, el encuentro contó con la participación de los rectores Ignacio Sánchez, de la Pontificia Universidad Católica de Chile; Aldo Valle, de la Universidad de Valparaíso; y Carlos Peña, de la Universidad Diego Portales, quienes conversaron el tema “Estado, Institucionalidad y Autonomía”.

De acuerdo al Rector Lavanchy, quien se centró en los puntos clave de la discusión de la próxima reforma educacional, el problema de las instituciones de educación superior y particularmente de las universidades no es solo de gestión, organización o financiamiento, sino que hay un tema que tiene que ver con el concepto, la visión de la universidad y su identidad.

“Esta discusión sobre qué es y qué no es una universidad deberá clarificarse, ya que todavía no hay consenso sobre qué características son claves para definirlas, por ejemplo, si es necesario que una universidad deba tener investigación. Efectivamente, tenemos un total de 61 universidades y no sabemos si todas son definibles como tales”, afirmó.

Si bien es cierto, comentó, “que estas instituciones han podido adoptar el nombre, también es cierto que funcionamos con una legislación que se deriva de la reforma del año 1981, y aunque se han hecho avances de distinta naturaleza, todos concordamos que es necesaria una reforma al sistema de educación superior en nuestro país, la que debería incluir la creación de una subsecretaría, una superintendencia y una agencia reguladora de la calidad”.

Sin embargo, este consenso no significa aceptar sin analizar las funciones o atribuciones de una posible institucionalidad. “Si revisamos las funciones que se le entregaría, simplemente están en el límite del coartar la autonomía universitaria, o sea, el espacio en que cada una de las universidades fomentan la creatividad de los académicos, científicos e investigadores y desarrollan los planes académicos que se definen en cada institución. De esta manera, creemos que habrá que analizar no solo la parte gruesa de la ley, en cuanto a nueva institucionalidad, sino su contenido en detalle”, agregó.

El Rector Lavanchy, señaló también que es necesario ver cómo se define lo público en educación, es decir, lograr acuerdos respecto de lo que se entiende como un sistema universitario de vocación, carácter o compromiso público.

“Hasta el año 1981 teníamos un sistema de universidades públicas, estatales y no estatales, y se definían así porque el estado le daba ese estatus con tal de apoyarlas para que pudiesen cumplir su rol en la formación de profesionales y en realizar ciencia, innovación, creación cultural y artística, entre otros”, afirmó.

En esa línea, insistió en que “como representante de una universidad que participa del Cruch y del G9, creemos que el estado tiene un compromiso con las universidades. Lo que planteamos es que se puede construir un sistema público de universidades estatales y no estatales que tengan un tratamiento similar y equitativo de apoyo para el cumplimiento de su misión”.

Finalmente, el Rector, comentó que es evidente que todos los aspectos de la discusión sobre institucionalidad de la educación superior se van a intensificar desde el momento en que se conozca el proyecto de ley, pero que es necesario entonces que se excluyan los aspectos ideológicos del debate de la educación. “Todos tenemos una opinión sobre la educación, a todos nos importa y es bueno que así sea, pero también es bueno que nuestras opiniones se basen en evidencias y argumentos racionales, y no siempre es así, el de la educación ha sido tradicionalmente un discurso tremendamente ideológico”, agregó.

Por su parte, el Rector Ignacio Sánchez, aprovechó la oportunidad para señalar que es necesario generar mayores espacios de discusión, reflexión y diálogo sobre las implicancias de la nueva reforma de la educación superior en el desarrollo del sistema universitario del país.

“La reforma de la educación superior es una necesidad país, y valoramos la posibilidad de analizar propuestas y hacer sugerencias que apunten a contribuir al desarrollo de las futuras iniciativas legislativas en esta materia. Tal como lo hemos señalado en diversos documentos, la prioridad de esta reforma debe ser asegurar la calidad del aporte que entregan las instituciones en beneficio de los estudiantes y del país, este esfuerzo distingue la diversidad de sistemas, en que coexisten instituciones complejas y completas de calidad internacional, con otras basadas en la labor en docencia”, planteó.