Inquietud existe entre las instituciones del Consejo de Rectores (Cruch) en torno a la forma en que, finalmente, se destinarán los recursos con que, a partir de 2016, se dará inicio al programa de gratuidad para el 60% de los alumnos más vulnerables, comprometido por el gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet.
Este fue el tema central de la última reunión del Cruch, realizada ayer en Santiago, tras la entrega, a la Ministra de Educación, Adriana Delpiano, del documento que resume las propuestas del organismo para la Reforma de la Educación Superior.
Esta mañana, el Rector Sergio Lavanchy explicó que la mayor inquietud está relacionada con el modelo que se ha establecido para calcular los montos que, en virtud de la gratuidad, serán transferidos a las 25 universidades del Cruch, que son las que calificaron para entrar en la fase inicial del programa y que, según la autoridad, debiera beneficiar a unos 16 mil alumnos de nuestra casa de estudios.
“El Ministerio (de Educación) ha planteado desde el comienzo, y nosotros vamos a hacer que se respete,  que ninguna universidad, con la instalación de la gratuidad, va a recibir menos recursos de los que debería recibir el 2016 con el antiguo sistema”, dijo.
De acuerdo al Rector, el modelo de cálculo contempla una serie de variables muy complejas que, a su juicio, hay que afinar para responder a las realidades de las instituciones en relación a la gratuidad. Es lo que se espera ocurra con la mesa de trabajo para analizar el tema, en la que participan tres representantes del Cruch.
El trabajo de la mesa se extenderá por dos meses y deberá estar concluido a fines de septiembre, antes de la presentación de la Ley de Presupuesto, de modo de incorporar la glosa sobre gratuidad de la educación superior.   “Estamos tranquilos en el sentido de que si hacemos bien el trabajo, no debiera haber ningún prejuicio pecuniario para las instituciones que entran en el proceso de gratuidad”, afirmó.
El Rector también se refirió a las críticas de que ha sido blanco la forma en que se implementará la gratuidad, en cuanto a la selección de las casas de estudio para ello (25 universidades del Cruch, más ocho Centros de Formación Técnica e Institutos Profesionales) y a partir de las cuales se han levantado propuestas para ampliar la cobertura de instituciones rebajando su alcance sólo al 40% de los alumnos más vulnerables.
Esta idea, en su opinión personal, es inviable desde una perspectiva política, “primero, porque la Presidenta lo anunció en el Congreso el 21 de mayo y, segundo, porque los estudiantes de las 33 instituciones ya asumieron que tiene la gratuidad el 2016”.
“La única manera que, a mi juicio, veo para poder ampliar la cobertura es agregar más recursos”, dijo. Y si bien se mostró abierto a la inclusión de nuevas universidades al sistema, si existieran los recursos, los criterios para ello -opinó- deben ser transparentes y claros, sobre todo en lo que se refiere a la ausencia de fines de lucro –“que no esté, por ejemplo, vinculada a empresas inmobiliarias”- y a la certificación de la calidad más allá de los años de acreditación.
Para el Rector Lavanchy todos estos cuestionamientos ponen en evidencia las dificultades de no contar con un marco regulatorio para el sistema y el peligro de que una discusión presupuestaria se transforme en un elemento regulatorio.
Por otro lado, consideró que el escenario al momento de la discusión de la Ley de Presupuesto será complejo, porque si bien el Parlamento no puede modificar las asignaciones presentadas por el ejecutivo, como contrapartida puede rechazar el presupuesto  "y eso puede ser una complicación política para el gobierno, porque ya hay parlamentarios que han dicho que es las actuales condiciones no van a aprobar (la gratuidad)”.
CFT Lota
Asimismo, el Rector Lavanchy lamentó que el sistema de evaluación haya dejado fuera al CFT Lota Arauco, por no cumplir con el requisito de estar constituido como fundación o corporación, explicando que como proyecto conjunto con Corfo, al momento de su creación debió conformarse como una sociedad; a pesar de lo cual, aclaró, se trata de una institución declaradamente sin fines de lucro y en la que la mayoría de sus estudiantes cuentan con becas y subsidios.
La autoridad, dijo que de no cambiar estos criterios es posible modificar el estatus jurídico del CFT para que sus alumnos accedan a la gratuidad.