Aunque se trata de un avance importante en relación a la cautela de los derechos de los menores que delinquen, la Ley 20.084, sobre  Responsabilidad Penal Adolescente -a juicio del ejecutivo del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, Unicef, en Chile, Luis Vial- aún “tiene mucho camino por recorrer”.

El sociólogo, máster en Ciencias Sociales de la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales y coordinador del programa de Unicef de Supervisión a los Centros de Privación de Libertad de Adolescente, presentó hoy en nuestra casa de estudios los resultados de un estudio sobre la ejecución de las sanciones de ese cuerpo legislativo en la región del Biobío en un seminario convocado  por el Programa de Interdisciplinario sobre Protección Integral de la Infancia y la Adolescencia (PIA)  de la UdeC, junto a la representación chilena de las Naciones Unidas.

El estudio, que se aplicó entre 2001 y parte de 2012, tuvo por objetivo conocer la forma en que se está aplicando la Ley 20.084 en cuanto al cumplimiento de las penas que contiene la normativa, particularmente aquéllas que son privativas de la libertad.

“Nosotros elegimos hacer un análisis de caso en profundidad en la Región porque no tenemos la oportunidad de hacer un estudio en todo el país y elegimos Concepción porque  tiene centros (de internos) grandes, en los que puede existir un disponibilidad de oferta importante en ese sentido, y porque también porque había ocurrido el terremoto, entonces había una serie de circunstancia que hacían pensar que era posible hacer un buen uso de la flexibilización de las sanciones”, explica el ejecutivo.

El acento está puesto específicamente  en la flexibilización de penas, porque –como explica Vial-  la Ley 20.084 está en concordancia con uno de los principios establecidos por la Convención Internacional de los Derechos del Niño –ratificada por Chile en 1990-  en el sentido de que las sanciones que restringen la libertad “tienen que ser una excepcional, adoptada como último recurso y por el período más breve posible”.

La ley chilena consigna distintas instituciones orientadas a este fin y que permiten reducir el tiempo de las sanciones, como la sustitución o la remisión de la condena.  “Esto significa que yo puedo cambiar una condena gravosa por una condena menos gravosa;  un joven que está en un régimen cerrado puede pasar a un régimen semicerrado o una libertad asistida, pero para eso hay que ponderar una serie de criterios que tiene que ver con la vida dentro de esos recintos y en la medida que veamos que ese joven está preparado para ejercer sus derechos de manera autónoma, que haya podido acceder a la educación, que haya podido tener ciertas  herramientas que le permitan ser una persona libre, el juez debiera poder otorgar esa sustitución”, señala Luis Vial.

La aplicación
Pero en la práctica,  según los resultados del informe -señala el profesional- hay una aplicación restrictiva de instituciones como la sustitución y remisión, o de medidas de corte más administrativo como los permisos de salida que, además, muestran un uso tardío, “lo que significa que los adolescentes acceden a este derecho cuando ya han cumplido una parte importante de la sanción”.

Otro aspecto importante que revela el informe es la falta de especialización de quienes pueden otorgar estos beneficios. “Significa que tanto de parte de los intervinientes del sistema de justicia, especialmente en los jueces y fiscales –aunque, aclara, los últimos tienen menos responsabilidad en este ámbito-la especialización requiere todavía más trabajo; porque de algunas forma siguen funcionando en la lógica de adulto”, dice.

Por otro parte, agrega, existen ciertas falencias del lado de los operadores, de quienes administran el sistema de sanciones: el Servicio Nacional de Menores y Gendarmería.  Para Vial, la intervención de Gendarmería en la administración de las penas “es una distorsión, porque por una parte está a cargo de las sanciones de los adultos y en una parte menor de los adolescentes, cuanto éstos son  trasladados porque cumplen mayoría de edad o cuando han sido castigados”.

A su juicio, hoy no existen los recursos suficientes ni la especialización que impone la ley y los tratados internacionales para hacer cumplir las sanciones de forma adecuada.
Con todo, dice, al comparar el antes y el después, esta Ley “abre un nuevo camino y está en sintonía de la Convención Internacional”, pero –agrega- esto no es suficiente.

“Los cambios normativos no se pueden implementar por sí mismos, se requiere no sólo personas,  sino de instituciones que trabajen en esa ley,  con un cultura de derechos y eso implica formación, preparación del personal que trabajan con los adolescentes,  y en esto me refiero tanto a los que están dentro del Sename, como los intervinientes del Sistema, es decir fiscales y jueces”, explica.

Al mismo tiempo, añade, hay que considerar respaldos financieros “y esta Ley no vino con todo los recursos como sí los tuvo la Reforma Procesal,  que  implicó un crecimiento del presupuesto de Justicia de más de 4 veces. La Ley de Responsabilidad Penal Adolescente no creció en la misma proporción y eso se ve reflejado en déficit de especialización”, afirmó.

El seminario, como señaló la directora del PIA, la abogada y académica de la facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, Ximena Gauché, es la primera actividad oficial que se realiza en el marco de la colaboración iniciada con Unicef en el ámbito de la promoción de los derechos de la Infancia y la Adolescencia.

La académica resaltó la relevancia del informe de Unicef en el contexto de la realidad de los adolescentes que reciben sanciones en la región.  “En términos cuantitativos, las cifras no son muy altas y eso de alguna manera podría generar una sensación de que no es un problema tan grave; pero la información que revela el estudio, que va en la lógica de la protección de la infancia y la adolescencia, muestra la situación de los derechos de los jóvenes privados de libertad o que se les imputa un delito o que han sido condenados y ese es el enfoque en que está trabajando el PIA y al que apunta Unicef”.

La actividad contó con la participación de abogados, asistentes sociales,  directores de centro de reclusión de la región y  representantes de la Defensoría Penal Pública.