Una perspectiva diferente para el análisis jurídico del aborto en Chile (uno de los cinco países en el mundo que lo penaliza en todas sus formas) presentó ayer la abogada y ex intendenta, María Angélica Fuentes, en una jornada de debate sobre el tema, convocada por el Centro de Alumnos de Derecho, como actividad preparatoria del Primer Congreso Estudiantil de Derecho Penal.
“Es un cambio de paradigma, que no es original, que tiene muchos años, pero que aún tiene poca acogida en la discusión jurídica y menos en la parlamentaria”, indicó.
Este cambio, explicó, significa considerar los derechos humanos de la mujer y no sólo el derecho a la protección de la vida del que está por nacer, que consagra nuestra Constitución, y que son los que se contraponen en las discusiones del aborto en Chile.
En su exposición, la abogada, asesora de la Defensoría Penal Pública, recordó los distintos argumentos que desde los sectores contrarios a la idea de legislar sobre el aborto terapéutico, se esgrimieron a la hora de rechazar los tres proyectos que se votaron el mes pasado en el Parlamento.
La profesional invalidó la invocación del Pacto de San José de Costa Rica, convención suscrita por Chile, en la que se considera la protección de la vida que está por nacer, porque –como dijo- la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos ha emitido un pronunciamiento sobre este aspecto, señalando que una interpretación restrictiva de la norma afecta negativamente a los países de la Organización de Estados Americanos en los que se acepta el aborto.
Por otro lado, agregó que el Comité de las Naciones Unidas contra la Tortura  “dice que la penalización del aborto, cuando la vida o salud de la madre corre riesgo o cuando el embarazo es producto de la violación, constituye un acto de tortura que viola los derechos humanos básicos de la mujer. Es decir, que el sistema que tiene nuestro país que penaliza el aborto en toda circunstancia,  de acuerdo a esta resolución, es violatorio a los derechos humanos de la mujer”.
En su argumentación, aseveró además que, para decidir  sobre la legitimidad moral y la legalidad del aborto, “debemos ser capaces de identificar en contraposición con los derechos humanos de la mujer un derecho humano del embrión del feto, en tanto persona, y si esto no es posible, al menos  como ente independiente, con un interés muy diferente al protegido”.  Esto, en su opinión, significa que la restricción de los derechos de la mujer "sólo es posible en la sociedad democrática si está en contraposición a otro derecho humano de otra persona. No es posible restringir los derechos humanos de una persona, tampoco de las mujeres, por intereses de grupos ideologicos, aunque estos sean mayoritarios; por lo tanto (...) no se puede justificar la penalización del aborto en una protección abstracta de la vida humana".
Este nuevo paradigma deja claro que el análisis continúa pendiente, más aún, cuando a juicio de la abogada, el tema se encuentra con restricciones asociadas a sustentados por valores ideológicos o religiosos, que aunque mayoritarios, no debieran imponerse a toda una sociedad.
La jornada contó, además, con la participación de la abogada y académica de la facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, May-Lin Cecilia Wong, el doctor Fernando Heredia, profesor asociado de Bioética de Educación Médica de la facultad de Medicina de la UdeC; del docente de la Universidad de la Santísima Concepción, Cristian Barrios, y de la integrante de la Agrupación Lesbianas y Feministas por el Derecho a la Información, Pierina Rondanelli.
Alumnos activos y con liderazgo
La jornada marca el inicio de las actividades preparatorias del Primer Congreso Estudiantil de Derecho Penal de Estudiantes de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, que se llevarán a cabo del 5 al 7 de septiembre.

Resultado de un proyecto impulsado desde la Comisión Académica del Centro de Alumnos de Derecho, el Congreso busca crear espacios de discusión en torno a distintas materias penales, entre estudiantes y con distintos actores del ámbito criminológico, penitenciario, penal y procesal penal.

“(El Congreso) nace como una iniciativa de los estudiantes, estudiantes que ya no sólo se enfocan en estudiar sino que cumplen un rol más activo, más participativo y de liderazgo, impulsando actividades que respondan a las interrogantes que se presentan producto de una realidad cada vez más cambiante, en la cual tenemos mucho que aportar tanto en la discusión de temática jurídicas y sociales, como buscando solución efectiva a diversos conflictos que se nos presentan”, dijo la secretaria del Centro de Alumnos, Natalia Robles, al abrir la jornada.

La dirigente estudiantil agregó que la actividad es, asimismo, una respuesta a las inquietudes de muchos alumnos que ven en esta rama una posible área de desarrollo profesional a futuro y una forma de promover entre los jóvenes una formación más integral  y de personas “más tolerantes, capaces de debatir con argumentos las posturas más extremas de la contingencia”, dijo.

Durante el Congreso se discutirán materias que tienen relación con diversas realidades sociales y que tienen implicancias en el ámbito penal, como el sistema carcelario, la ley penal juvenil, las garantías personales versus el éxito de la persecución penal,  la peligrosidad y la reincidencia y otras.