Un momento complejo, motivante y desafiante vive, en palabras del director del Departamento Derecho Laboral, Patricio Mella, la legislación laboral a la luz de los cambios tecnológicos, más aún cuando las estadísticas señalan que el 49% de los 3.2 millones de empleos que existen en el país podrían ser automatizados, excluyendo a las personas.

Según el estudio citado por el académico en el seminario internacional Desafíos del derecho del trabajo frente al progreso tecnológico realizado en la UdeC, el potencial de automatización llegaría al 51% (800 mil empleos) en la industria del retail, 61% en el sector manufactura (600 mil) y 40% en la administración y servicio público (235 mil puestos).

Otro informe, elaborado por la Organización de Cooperación para el Desarrollo (Ocde) en 2017, apunta que el 55% del trabajo humano chileno podría ser reemplazado por máquinas.

En este escenario, la pregunta –planteó Mella- es si el derecho del trabajo se va a quedar en las posturas que vienen del inicio del desarrollo del capital industrial o hará cambios o si se mantendrá como hasta ahora incorporando algunas modificaciones.

“El problema es que en un modelo clásico de derecho laborales, el modelo capitalista, como es el chileno, los sistema organizativos productivos implementados están desarrollados sobre la base de alguien que utiliza los servicios (de trabajo) y otro que paga por él, y el que los paga asume un rol prevalente producto de esta organización del trabajo, porque unos solo pueden poseer el capital y otros solo pueden aportar su trabajo personal, el problema está en eso porque esa realidad hoy ha mutado enormemente”.

El seminario, organizado por el Magister en Trabajo y Previsión Social de la UdeC, tuvo como expositores invitados a los académicos de la Universidad Autónoma de Barcelona, Albert Pastor y Xavier Solá, quienes expusieron sobre el control de las prestaciones laborales en la sociedad digital y la acción sindical en ese contexto, respectivamente.

Pastor se refirió a las garantías de derechos digitales de los trabajadores frente a sistemas de control o vigilancia de actividades y horarios, entre otros (como los registros de cámara) en el contexto de la nueva normativa europea de protección de datos (en vigencia desde 2018), presentando casos en los que ha existido diferencias entre ésta y las leyes internas españolas.

El uso de medios digitales de titularidad empresarial en la transmisión de información digital, la sustitución del personal en huelga a través de medios tecnológicos y la representación laboral del personal que presta servicios a través de plataforma digitales fueron los aspectos tratados por Solá, quien mostró los principales puntos de conflicto en la legislación española en estas materias.