A partir de los acontecimientos que están teniendo lugar en la Región de la Araucanía, específicamente en la comunidad mapuche de Temucuicui, en donde ha muerto un comunero de 24 años, Camilo Catrillanca, en circunstancias no del todo esclarecidas y que, a medida que avanzan las investigaciones, se ha puesto de manifiesto el actuar abusivo e improcedente del Comando Jungla de Carabineros, así como los cuestionamientos que sugieren el proceder del ex intendente de la Araucanía y del Ministerio del Interior, como estudiantes y profesionales del Departamento de Historia de la Universidad de Concepción, nos sumamos a las peticiones de esclarecimiento total de los hechos concernientes a este triste fallecimiento y que se tomen medidas y acciones necesarias y acordes a la responsabilidad de estos sucesos.

En este sentido, reiteramos nuestra preocupación por los acontecimientos de violencia similares a éste que vienen produciéndose desde hace años. Esto nos hace pensar en la necesidad de encauzar las formas de evitar y resolver conflictos a través de acciones legales que busquen el común acuerdo y eviten la violencia; y, especialmente, la necesidad de suprimir políticas orientadas al combate de un “enemigo interno” mediante procedimientos incompatibles con los estándares éticos y políticos que exige un sistema democrático basado en la defensa irrestricta de los Derechos Humanos y según el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, suscrito por el mismo Estado chileno en 2008.

A la luz del conocimiento de la Historia, del sentido crítico y la responsabilidad ciudadana proponemos:

1.  Abandonar toda política y procedimientos de militarización, represión y criminalización de la Araucanía, potenciando las formas de resolución de conflictos enfocadas al diálogo y a evitar acciones violentas de cualquiera de las partes implicadas.

2.   Fin inmediato de la obstrucción a la justicia y compromiso con el esclarecimiento de hechos como el que aquí nos convoca, especialmente desde las responsabilidades de la Intendencia y Carabineros de Chile, pues ha sido evidente la voluntad de distorsionar los hechos, como de obstaculizar el acceso a las pruebas que permitan esclarecer la represión de la que son objeto las comunidades mapuches. No se trata solo de dar de baja a una persona que es parte de una institución, sino de cambiar el modus operandi, garantizando la aplicación de justicia.

3.  Voluntad política real de todas las partes implicadas para solucionar pacífica y armónicamente la problemática entre el Estado chileno y la nación mapuche, que es mucho más que un conflicto mediático o delictual. Se trata de una situación con raíces históricas, profundizada por el impacto que ha tenido sobre el territorio negocios como el de las empresas forestales, así como políticas que han concebido el desarrollo de manera unidireccional, desconociendo la diversidad cultural y la necesidad de una gestión medioambiental responsable.

4.  Reconocimiento efectivo por parte del Estado chileno de la diversidad y representación de todos los pueblos originarios en el sistema democrático, a través de instancias de participación concebidas y realizadas por la totalidad de actores involucrados.

5. Apostar siempre por el diálogo, incluyendo a todos los actores, entendiendo que la problemática no se resolverá de un día para otro, sino a partir de la comprensión cabal de la trayectoria histórica del conflicto y de un conjunto de otros factores que están incidiendo.

Desde la historia, estamos dispuestos a contribuir con lo que podamos aportar.

Firman esta declaración:

Claudia Sagredo Astudillo
Cristián Suazo Albornoz
Diego Venegas Caro
Rogelio Alegría Herrera
Natalia Baeza Contreras
Cristián González Labra
Bárbara Lama Andrade
Rubén Elgueta Reyes
Carlos Ibarra Rebolledo
Mario Neira
Danny Monsálvez Araneda
Mario Valdés Urrutia
Laura Benedetti Reiman
José Manuel Ventura
Diego Mundaca Machuca
Sanyar Lagos Vigouroux
David Oviedo Silva
Fernando Venegas Espinoza