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Columna: Gobernanza portuaria y diálogo social, un desafío del siglo XXI

La región del Biobío cuenta, como ninguna en el país, con gran presencia portuaria que se extiende no sólo a ciudades como Lota, Coronel, Talcahuano o Lirquén, sino a toda el área metropolitana de Concepción, que se ve impactada por la actividad logística portuaria.

Sin lugar a duda, los puertos de Biobío aportan y dinamizan al crecimiento económico de la Región y del país, pues a través de su modernización y expansión han logrado situarse como el sistema más grande de transferencia de carga, a nivel nacional.

Generan, sin embargo, diversas externalidades que afectan a las ciudades donde despliegan sus actividades, las comunidades cercanas, el medio ambiente donde se asientan, y también, a los trabajadores que prestan servicios contratados por los puertos, así como en empresas externas.

Esta complejidad de la actividad, sumado a los cambios y tensiones que produce el siglo XXI en cuanto a tecnificación, por ejemplo, es una fuente de conflicto que ya hemos visto retratada en la última gran protesta portuaria en Valparaíso.

De acuerdo con un estudio de la CEPAL (Sánchez & Dornier, 2014), Chile es el país, a nivel de América Latina, con el mayor número de huelgas registradas por demandas salariales o mejoras en las condiciones laborales de los trabajadores portuarios. Además, en los últimos años, Chile presenta altos índices de protestas sociales por conflictos socioambientales, entre otros.

La gobernanza portuaria, en este escenario, debe ser pensada y definida seriamente considerando el conjunto del sistema, las estructuras y procesos, la legislación y la construcción de políticas con foco territorial, que permitan regular y desarrollar la actividad. Tarea que, dada su envergadura, debe hacerse de manera colaborativa, considerando al conjunto de actores involucrados.

En el marco del proyecto FIC “Innovación para el desarrollo en el sistema portuario del Biobío: la innovación social y pública y el desafío de la sostenibilidad en ciudades portuarias” financiado por el Gobierno Regional y ejecutado por la Universidad de Concepción, asumimos esta reflexión y desafío.

Proponemos, como aporte a la Gobernanza del sector, la creación de un consejo asesor “ciudad portuaria” en el marco de una “mesa de diálogo” que posibilite la confluencia de actores con intereses y experiencia disímiles y favorezca la creación de un espacio deliberativo y de planificación estratégica territorial para analizar conjuntamente las complejidades, y construir acuerdos colectivos.

El sistema portuario del Biobío tiene la oportunidad de ser pionera e innovadora con esta iniciativa. Estamos ciertos que con amplia representación de actores públicos, privados, de trabajadores portuarios y representantes de sociedad civil, el futuro de la actividad portuaria puede ser proyectada con mayores equilibrios económicos, sociales, técnicos y ambientales, asumiendo que la actividad requiere mirada estratégica de largo plazo y no sólo logística operativa.

Violeta Montero Barriga.
Dra. (c) en Sociología. Académica del Departamento de Administración Pública y Ciencia Política de la Universidad de Concepción. Coordinadora del componente 2 “Mesa de Diálogo” de Inicitiva FIC-R “Innovación para el desarrollo en el sistema portuario del Biobío: la innovación social y pública y el desafío de la sostenibilidad en ciudades portuarias”.